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Por Agustin Pe\u00f1a Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- La escena es conocida en la pol\u00edtica municipal mexicana, pero no por ello deja de ser delicada: una obra p\u00fablica, un regidor que respalda el progreso, una ciudadana con poder informal y una denuncia que coloca en el centro un concepto inc\u00f3modo para cualquier gobierno: la legalidad del actuar p\u00fablico frente al uso pol\u00edtico de los recursos comunes.
El regidor F\u00e9lix Guillu denunci\u00f3 p\u00fablicamente a la ciudadana Virginia L\u00f3pez, a quien se\u00f1ala por presuntamente haber amedrentado a un top\u00f3grafo que realizaba trabajos de introducci\u00f3n de tuber\u00eda en beneficio de los habitantes de la colonia Nuevo Madero. La acusaci\u00f3n implica la posible obstrucci\u00f3n de una obra p\u00fablica y la utilizaci\u00f3n de una supuesta investidura pol\u00edtica para influir en decisiones t\u00e9cnicas que, por ley, corresponden exclusivamente a personal autorizado.
En el mensaje que acompa\u00f1\u00f3 el video difundido en redes sociales, Guillu agradeci\u00f3 al alcalde Armando Martinez Manriquez por la obra que se realiza pero fue directo al fondo del asunto: \u201cEl progreso de Altamira es una prioridad, y nadie puede estar por encima de \u00e9l\u201d. Con esa frase, m\u00e1s pol\u00edtica que ret\u00f3rica, el regidor coloc\u00f3 una l\u00ednea divisoria entre el inter\u00e9s colectivo y la tentaci\u00f3n de apropiarse simb\u00f3licamente de la obra p\u00fablica. Tambi\u00e9n dej\u00f3 claro que, a su juicio, las obras no deben politizarse porque \u201cresponden a una planeaci\u00f3n responsable y a las necesidades reales de la poblaci\u00f3n\u201d.
El se\u00f1alamiento adquiere mayor peso cuando Guillu solicita que Virginia L\u00f3pez comparezca ante el Cabildo para explicar si actu\u00f3 por instrucciones del presidente municipal, Armando Mart\u00ednez Manr\u00edquez (ya que as\u00ed lo se\u00f1ala en su red social), y bajo qu\u00e9 facultades habr\u00eda dado \u00f3rdenes a personal de COMAPA sobre el manejo de materiales y la ejecuci\u00f3n de los trabajos. La pregunta no es ret\u00f3rica: en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, de confirmarse, se estar\u00eda ante una posible invasi\u00f3n de competencias administrativas y una vulneraci\u00f3n al principio de legalidad que rige el ejercicio del poder p\u00fablico.
En el video, Guillu relata que la ciudadana habr\u00eda acudido al sitio para exigir modificaciones en la colocaci\u00f3n de tuber\u00eda en resguardo, bajo el argumento de beneficiar a un \u201cpresidente de la colonia\u201d, y que adem\u00e1s habr\u00eda recurrido a un discurso de intimidaci\u00f3n, aludiendo a su pertenencia pol\u00edtica. \u201cAqu\u00ed no nos interesa qui\u00e9n es qui\u00e9n\u201d, subray\u00f3 el regidor, recordando que las obras se realizan con recursos de la ciudadan\u00eda, no de partidos ni de proyectos personales.
El regidor introduce un elemento jur\u00eddico: la posible violaci\u00f3n de derechos de los trabajadores y de la ciudadan\u00eda, as\u00ed como la obstrucci\u00f3n de funciones p\u00fablicas, conductas que no se resuelven con discursos de unidad, sino con procedimientos claros y responsabilidades definidas.
La controversia se profundiza al revisar una publicaci\u00f3n realizada el 12 de enero en redes sociales por Virginia L\u00f3pez. En ella afirma que, \u201cpor indicaciones de nuestro presidente el Dr. Armando Mart\u00ednez Manr\u00edquez\u201d, realiz\u00f3 labores de supervisi\u00f3n de obras en diversas colonias, acompa\u00f1ada de integrantes de comit\u00e9s Jorge Dimas, Blanca Guzm\u00e1n y Arnoldo Ezequiel Rivera. Sin embargo, dichos integrantes no son ciudadanos comunes: se trata de funcionarios p\u00fablicos que, adem\u00e1s, desempe\u00f1an roles internos en el partido Morena y han sido se\u00f1alados como posibles aspirantes a cargos de elecci\u00f3n popular rumbo a 2027.
El problema no es menor ni meramente pol\u00edtico. L\u00f3pez Aceves aparece portando uniforme oficial y realizando labores de inspecci\u00f3n de obra p\u00fablica, actividades que legalmente corresponden a supervisores t\u00e9cnicos de COMAPA Altamira, no al \u00e1rea de Bienestar Social, bajo cuya representaci\u00f3n se habr\u00eda presentado. En t\u00e9rminos jur\u00eddicos, esto abre la puerta a una discusi\u00f3n sobre usurpaci\u00f3n de funciones, desv\u00edo de atribuciones y uso indebido de s\u00edmbolos y recursos p\u00fablicos.
M\u00e1s all\u00e1 del intercambio de se\u00f1alamientos, el caso revela una tensi\u00f3n estructural: cuando la frontera entre gobierno, partido y proyecto personal se vuelve difusa, la obra p\u00fablica deja de ser un derecho social y se transforma en bot\u00edn pol\u00edtico. El derecho administrativo precisa que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que est\u00e1 expresamente facultada, y nadie \u2014ni siquiera bajo el argumento de \u201csupervisi\u00f3n\u201d\u2014 puede colocarse por encima de la ley.
En Altamira, el conflicto a\u00fan est\u00e1 lejos de resolverse. Pero el mensaje de fondo ya est\u00e1 sobre la mesa: la legalidad no se somete a consignas partidistas ni a lealtades pol\u00edticas. Y cuando la obra p\u00fablica se politiza, el verdadero costo no es electoral, sino institucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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